Memorándum IIIJDP-IC "Ciberdelincuencia"

III Jornadas Derecho Procesal-Investigación Criminal

“Ciberdelincuencia, el reto del SXXI”

Hay un nuevo tipo de delincuencia organizada consecuencia de la globalización. La revolución en las comunicaciones que ha supuesto el desarrollo de la tecnología ha dinamitado el paradigma clásico de la delincuencia.

Organizar es estructurar o planificar la realización de algo, distribuyendo medios y asignando funciones para el logro de un fin. Para organizar es imprescindible la comunicación entre los elementos implicados. La capacidad de organización depende de la capacidad de comunicación.

La organización adjetiva un tipo de delincuencia. Pero la delincuencia que surge de una organización dependiente de una alta capacidad de comunicación es radicalmente distinta a la que hasta ahora venía operando con un limitado potencial comunicativo.

La investigación criminal centra sus esfuerzos de obtención de pruebas e indicios en la comunicación con el objetivo de desvelar la organización. Los recursos y métodos empleados son diseñados expresamente para formas, podríamos decir, tradicionales de comunicación, a partir de la experiencia. La práctica procesal también ha ido amoldándose a estas formas de comunicación.

Lo que internet ha supuesto para la comunicación lo ha supuesto para la delincuencia organizada. Tanto es así que se han acuñado nuevos términos como ciberdelincuencia o ciberseguridad para definir una realidad delincuencial que supera el paradigma clásico de la delincuencia organizada.

Los grupos de crimen organizado dedicado al tráfico armas, personas o estupefacientes, los especializados en delincuencia económica o financiera, o incluso los dedicados a tipos delictivos más tradicionales, al operar en internet, ingresan en la nueva era de la ciberdelincuencia.

Se hacen secuestros virtuales usando el teléfono móvil como única arma. Se construyen monstruos financieros a través de empresas multinivel que realizan estafas piramidales con una capacidad de victimización con gran afectación social. En menos de un segundo, un mensaje puede recorrer el mundo atravesando cientos de sistemas procesales, todo tipo de regímenes políticos, multitud de y policías con uniformes de lo más variopinto.

Pero a la abrumadora capacidad de organización que internet da a la delincuencia hay que unir la desalentadora exposición del individuo y el aumento de su vulnerabilidad. Mirar a otro lado en la revolución tecnológica puede suponer un nuevo tipo de exclusión social. Todos estamos conectados, y los que no, en breve tiempo pueden dejar de pertenecer al mundo actual. La brecha tecnológica es una frontera cada vez más infranqueable. Hay una nueva generación de nativos digitales que están construyendo su mundo y los inmigrantes digitales tenemos que hacer esfuerzos para ser parte de él. También las Instituciones.

Internet también nos ha dado el nuevo oro negro del sxxi: los datos. Desde que conectamos nuestros dispositivos estamos emitiendo datos de forma continua, datos sobre nosotros, nuestras preferencias y nuestros miedos. Se genera un volumen tal de información que la capacidad de análisis, elaboración y uso de esos datos configurarán un nuevo poder. Instituciones públicas, privadas y empresas anhelan este poder para utilizarlo para el cumplimiento de sus fines.

La distancia entre el poder de la delincuencia y la vulnerabilidad del individuo crece con el avance tecnológico. En el punto medio nos encontramos las instituciones encargadas de reprimir a unos y proteger a otros. Pero Internet nos está separando cada vez más de ambos.

Las III Jornadas de Derecho Procesal e Investigación Criminal pretenden ser un foro de reflexión donde operadores jurídicos, jueces, fiscales, e investigadores criminales reconozcan la situación y se genere debate sobre las posibles soluciones.

Para identificar los obstáculos procesales y los recursos que el procedimiento penal pone a disposición de la investigación judicial la experiencia debe ser la excusa y el motivo de todo estudio. En el taller de “seguridad en la red” propuesto en estas jornadas los asistentes podrán comprobar la realidad de la incidencia de la tecnología en la dinámica criminal y los peligros a los que se expone el individuo.

Con la percepción de la realidad virtual aún latente en sus retinas, se pretende generar entre los asistentes un debate en torno a una mesa redonda. Se titulará “Capacidades y debilidades del proceso penal frente a la ciberdelincuencia” y estará compuesta por representantes de jueces, fiscales, investigadores y científicos que guiarán la reflexión de la mano de sus distintas disciplinas.

La ciberdelincuencia debe tener efectos en la realidad. Debe existir punto de conexión entre lo virtual y lo físico para que los beneficios obtenidos del delito cometido en la red puedan ser aprovechados por los delincuentes. Sobre estos puntos de conexión es necesario invertir los recursos procesales y de investigación para obtener pruebas e indicios con las debidas garantías y ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial en el marco de unas diligencias previas.

A las herramientas que la LeCrim pone a disposición de la investigación criminal y a las específicas para la investigación contra la delincuencia organizada (testigos protegidos, agentes encubiertos, confidentes, etc.) habría que añadir otras con diseño adaptado a este tipo de delincuencia como, por ejemplo, los informes periciales.

La línea que separa el crimen organizado del terrorismo es cada vez más tenue y e internet es el gran responsable. En el mundo virtual no existen fronteras y, en la medida que la delincuencia organizada y el terrorismo operen en este mundo la divisoria entre ambos tiende a ser más difusa.

Las III Jornadas de Derecho Procesal e Investigación criminal, bajo el título de: “Ciberdelincuencia, el reto del SXXI” tienen como finalidad desarrollar un foro de debate entre operadores jurídicos, jueces, abogados, científicos e investigadores criminales en la sede del Acuartelamiento de la VII Zona de Cataluña durante el día 17 de marzo de 2015.

El formato consistirá en una primera ponencia sobre videovigilancia, los requisitos legales y los límites que la legislación impone para el uso de esta tecnología. Como contraste a lo anterior se tratara de poner de manifiesto hasta dónde es capaz de llegar la tecnología gracias a un taller de “seguridad en la red” realizado por miembros del sigc. Con las dos perspectivas a disposición del auditorio, se propondrá un debate alrededor de una mesa redonda compuesta por un Juez, un fiscal, un abogado, un científico y un investigador de Policía Judicial. El propósito es debatir el derecho a la intimidad, el big data o la seguridad de las comunicaciones por internet para llegar a concluir propuestas reales para afrontar la ciberdelincuencia: nuestro reto del SXXI.