La Guardia Civil está orientada al servicio al ciudadano. En lo más íntimo de la Institución está su vocación de servicio, que ha permanecido inalterable desde 1844. El carácter social de los valores atesorados por sus miembros ha perlado al Cuerpo de referentes e identificaciones que dotan de singularidad a esta Institución para afrontar el Siglo XXI.
En el Estado democrático y de derecho, la separación de poderes obra para garantizar los derechos de los ciudadanos. El poder Judicial, articulado a través de la Administración de Justicia tiene encomendada la misión de interpretar la ley, cumplirla y hacerla cumplir. Constituye un referente para que la ciudadanía pueda articular el principio de igualdad, valiéndose de la independencia y la sujeción legislativa intrínseca a la esencia del tercer poder del Estado.
Las alteraciones a la paz y la convivencia, regladas en la normativa penal, deben ser evitadas, detectadas y restauradas por el Estado. A través de la Guardia Civil, en el ejercicio del poder ejecutivo en labores de prevención, aseguramiento e investigación; y a través del Poder Judicial en cuanto al aseguramiento y restauración a la sociedad. Todo bajo las garantías que ofrece el proceso penal.
La violencia tangible o intangible, trasladada al campo del Derecho adopta la forma de infracción penal o administrativa. La investigación de la infracción penal es la investigación de delitos. Es decir, de conductas previamente tipificadas en el Código Penal. Cuando esta investigación lo es en el marco del proceso penal, dirigida por Jueces y Fiscales, y a través de la Policía Judicial específica por ellas determinada, es investigación criminal.
La redacción de la LeCrim de 1882 es el texto de referencia del proceso penal. Con esta herramienta nuestra sociedad tiene que afrontar el nuevo tipo de delincuencia contemporánea. El contexto de aplicación de esta normativa ha evolucionado. La transición ha consistido en transitar desde el concepto de aplicación de la Ley por un número reducido de actores (policía, Jueces, Fiscales e Institución Penitenciaria) hasta el de managament de la seguridad donde el número de actores se ha diversificado, difuminan sus actuaciones entre lo público y lo privado, y aplican conceptos de gestión, excelencia y coopetencia al ámbito público de la protección al ciudadano.
No obstante, en esta diáspora de actores operantes, con carácter integral o no, en el campo de la Seguridad, aún existen referencias que vertebran un campo en continua evolución. Una evolución catalizada en cierta medida por la globalización y sus nuevos imperativos, que afectan, y no podía ser de otra manera, a la Seguridad. La Guardia Civil y la Judicatura son estas referencias.
La Guardia Civil pretende enarbolar en liderazgo en Seguridad. Con unos cimientos fuertemente asentados por sus valores, arraigados en lo más íntimo y profundo de una Institución, sus hombres y mujeres, mira de frente a los desafíos actuales. Aprendiendo de las experiencias de la sociedad civil, la Policía Judicial de la Guardia Civil para la investigación criminal, está aplicando a su estructura organizativa referencias a especialización, descentralización, deslocalización, división funcional, etc.
La Policía Judicial, la Guardia Civil en general, es esa parte de la ciudadanía a la que se ha encomendado la seguridad. Para ello se ha sometido a un proceso de evolución constante que la posiciona como una herramienta ideal para la investigación del crimen organizado, el terrorismo, la delincuencia económica. Todo sin menoscabo de la función de seguridad ciudadana, resguardo fiscal y protección a la naturaleza, entre otras que viene desarrollando.
Contexto, estructura, concepto e Institución ha evolucionado en Guardia Civil. Pero, ¿ha sido la misma la dirección de la evolución en los otros poderes del Estado? Evidentemente, la Administración de Justicia también se ha posicionado ante los nuevos retos. La accesibilidad al conocimiento normativo, la distribución del trabajo en los juzgados, y la aplicación de las nuevas tecnologías han dibujado un nuevo escenario para Jueces, Fiscales y abogados en plano de aplicación de la norma. Pero esta reubicación a la que el contexto ha posicionado tanto a la Guardia Civil como a la Administración de Justicia, pero ¿nos ha colocado codo con codo, como en el origen, como era el deseo del legislador y de la ciudadanía en definitiva?
Tanto si la respuesta es en sentido positivo como negativo, ha surgido la necesidad fortalecer los puntos de contacto entre la Policía Judicial de Guardia Civil y la Administración de Justicia. Acercar posiciones, unificar posturas. Con la finalidad de generar nuevas sinergias o la de potenciar las ya existentes, conviene crear un espacio de reflexión para favorecer la confluencia de horizontes. Se trata de definir objetivos comunes para, a partir de ahí, identificar usos y procedimientos ya institucionalizados o legitimados por la vía de hechos.
Para ello, en primer lugar hay que diseñar un marco de referencia. Una guía que oriente la búsqueda que se propone de forma directa, eludiendo debates secundarios y argumentaciones que nos distraigan del fin. Así, como punto fijo que dé basamento y solidez a la reflexión se propone el principio de reconocimiento mutuo. Un principio de reconocimiento que genere empatía y nos haga ponernos en el lugar del otro. Un principio que facilite el cambio de ubicación del foco de nuestro de punto de vista, para, desde otra perspectiva, identificar todas las aristas del problema. Un principio que nos ayude a valorar al otro.
Con esta premisa establecida, se trata ahora de identificar los puntos de contactos entre Policía Judicial Guardia Civil y la Administración de Justicia, para fortalecerlos y que de su desarrollo se deriven otros, propiciando una dinámica que nos conduzca, de forma inexorable, a generar valor. En la investigación criminal es donde más abundan. De modo gráfico, estos puntos de contacto, que son objetivos comunes a ambas ámbitos, estarían unidos y se desarrollarían a través de una correa de transmisión que es un valor: la confianza.
Se trata de generar confianza para interactuar. Una confianza, que si bien puede ser sembrada de forma artificial, para su germinación, crecimiento y desarrollo hace falta condiciones óptimas, tiempo y ausencia de inclemencias. Y, en caso de perturbación, mecanismos que garanticen la supervivencia del proyecto. Cuando en los distintos puntos de contacto se haya alcanzado un nivel de desarrollo óptimo se habrá conseguido un clima de confianza que redundará de forma excepcional en el logro de los objetivos.
Y esto ¿cómo se materializa? Profundizando en la experiencia de actores que operan en los puntos de contacto. El saber aportado por una muestra de los protagonistas, nos servirá como excusa para propiciar un foro de debate y encuentro entre profesionales, que ayude a establecer hipótesis de trabajo, y donde la experiencia sea la materia prima de la reflexión. Se materializa, en definitiva, con un estudio cualitativo.
En las I Jornadas sobre Derecho Procesal e Investigación Criminal se han seleccionado unos ámbitos que serán desarrollados por expertos en las materias. Unos temas, inciden directamente en los nuevos posicionamientos de Guardia Civil y Administración de Justicia ante las demandas de Seguridad de la sociedad en el Siglo XXI (videovigilancia, gestión de recursos, proyección internacional del delito, protección de datos e investigación criminal). Otros, sobre la interacción entre actores de seguridad, como la Policía Judicial, y del poder judicial (relaciones Juez-Fiscal-investigadores secreto de sumario, la intervención de la Guardia Civil en el acto del juicio oral). Y por último, temas desarrollados por aquellos otros actores que forman parte de la diáspora de la Seguridad y que determinan en gran medida el diseño de la misma (abogado, liderazgo en seguridad). Pero, la esencia es que en estas Jornadas todos los temas y su desarrollo estarán afectados de forma transversal por el principio de reconocimiento mutuo y la confianza.
En conclusión, es crecer en conocimiento. Es fortalecer a Guardia Civil, a través de la Policía Judicial y a la Administración de Justicia, definiendo objetivos comunes y desarrollarlos para una doble finalidad: ser mejores y cumplir el mandato ciudadano. Dar Seguridad.
